Ecuador evalúa la ilegalidad de su " deuda externa"

Ecuador no pagará 30.6 millones de dólares correspondientes al pago de intereses de los bonos Global 2012 y se acogió a un periodo de gracia para evaluar un informe que revelaría "serios indicios de ilegalidad" en la contratación de ciertos tramos de la deuda externa.La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció que la decisión no tiene relación con una falta de recursos para cumplir el pago sino que responde a la necesidad de evaluar el informe elaborado por una comisión designada hace más de un año por el presidente Rafael Correa para auditar la deuda pública y que habría encontrado irregularidades.
(Los bonos 2012 suman 1.250 millones de dólares con un interés de 12%. Cada año, Ecuador debe cumplir dos pagos de 30.6 millones de dólares, uno el 15 de mayo y otro el 15 de noviembre.)
La disputa con Brasil por la estafa de OdebrechtLa constructora Odebrecht fue expulsada de Ecuador por incumplimiento del contrato. Pero hace pocos días Correa dio un paso más: decidió denunciar la deuda con el BNDES ante la Corte de Arbitrajes de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París. El gobierno de Quito solicitó ante esa instancia internacional "detener los cobros que el BNDES quiere hacer al gobierno de Ecuador". La respuesta no se hizo esperar: ayer Brasil anunció una "amplia revisión" de sus vínculos cooperativos con Ecuador y llamó a Brasilia al embajador Marques Porto: "Todos los que conocen algo de diplomacia saben qué significa", advirtió el canciller Celso Amorim en una conferencia de prensa realizada ayer en la capital paulista. Y agregó en forma contundente: "No hay plazo para el regreso del embajador a Quito".
La represa de San Francisco, la obra en cuestión, está ubicada en el Amazonas ecuatoriano. Fue erigida por la alianza Odebrecht-Alstom (la france

El crédito del banco oficial brasileño fue en realidad una entrega de recursos para que Ecuador se los pagara a Odebrecht y asociados por la obra. La única manera que encontró Correa de equilibrar la posición de fuerza fue, precisamente, a través de la suspensión de pago, lo que afecta directamente al Estado brasileño. En realidad, perjudica más que nada la imagen de Lula como gerente de los intereses imperialistas y de la burguesía brasilera.
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