miércoles, 17 de septiembre de 2008

Durante los últimos días se difundió la horrible noticia de que una niña de 12 años quedó embarazada tras ser violada por su padrastro. Pero no solo eso, retenida contra su voluntad en un hospital, separada de su madre y acosada por la ultraderecha católica la niña "desistió" de realizarse un aborto como solicitaba su madre. Ayer el Juez negó la posibilidad de llevar adelante un aborto terapeutico por no encuadrase dentro del artículo 86 del Código Penal.


El falso dilema de estar a favor o en contra del aborto
Debate entre mujeres.


Muchas mujeres condenaban o no entendían que una mujer se pudiera hacer un aborto hasta que ellas estuvieron en esa situación. Es por ello que estar a favor o en contra del aborto puede considerarse un falso dilema, ya que el aborto nunca es el resultado de un deseo, el aborto debería ser siempre prevenido y evitado. ¿Dónde está el dilema entonces? El verdadero dilema es condenar o no a las mujeres que abortan, y es sobre este punto que giran las distintas posiciones legales, morales y religiosas.

¿Es justo condenar a las mujeres que abortan? La mayor parte de las veces son víctimas de circunstancias sociales, familiares, ideológicas, que ellas no inventan ni crean, simplemente no tienen capacidad de controlar los factores que las llevaron a embarazarse sin desearlo.
¿Por qué las mujeres se embarazan cuando no desean tener un hijo?, ¿por qué el embarazo puede ser tan indeseado que una mujer llega a optar por el riesgo que representa provocarse un aborto en la clandestinidad?
La primera razón es que muchas mujeres tienen relaciones contra su voluntad, pero no tienen poder para oponerse, o aún deseándolas no tienen garantías de no exponerse a un embarazo.
No todos los varones están dispuestos a usar preservativo, no todas las mujeres tienen la información y el control médico que implica el uso de anticonceptivos (píldoras, inyectables, DIU, diafragmas, etc.). No todos los métodos son 100% eficaces.
Condenar a las mujeres es injusto porque las que pagan las consecuencias más graves son ellas mismas. Las mujeres pobres tienen un índice mayor de embarazos, mientras aquellas que tienen dinero y un embarazo no deseado recurren más frecuentemente a abortos que las anteriores y sus abortos son de menor riesgo. Por lo tanto, las que más mueren por abortos no son las que hacen más abortos, sino las que no pueden pagarse abortos seguros.
La realidad nos dice que el hecho de que el aborto sea “ilegal” no es un mecanismo que reduzca las tasas de aborto por temor a la ley. Para las católicas la condena es aún mayor: asesinar al Papa y abortar son las dos causales de excomunión automática, para la iglesia Católica el castigo por aborto hoy debe ser superior que el de homicidio. Pero a todas estas restricciones la necesidad de las mujeres se impone.

El Estado no está ausente, está presente
de la peor manera
El sistema educativo y de salud debería velar por la calidad de vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas, pero como en una sociedad dividida en clases es imposible que se practique la “igualdad entre la ciudadanía” aunque este sistema la declame, la educación sexual sigue demorada pese a la ley y a la anticoncepción no todas las mujeres acceden, pese a los programas de salud sexual y procreación responsables.

¿Qué hace el Estado para garantizar la educación sexual en las escuelas? Reparte folletería de costoso diseño, pero no invierte presupuesto para una formación docente que con criterios científicos aborde la problemática, ni habilita horas cátedra en las escuelas secundarias para impartir de manera sistemática esa educación. Pero se constata que maestros y profesores son perseguidos y amenazados de muerte, como en un colegio de Junín, provincia de Buenos Aires, por “dar clases de educación sexual” (Clarín 22-9-07).
¿Qué hace el Estado nacional para garantizar el acceso a la anticoncepción a todos los varones y mujeres? Sigue haciendo negocios con laboratorios como Schëring, desmantela -para reducir presupuesto- los equipos de capacitación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y no cumple con la campaña de difusión a que lo obliga la ley.

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